Elecciones a modo y candidatos del narco

 Carlos Eduardo Díaz

Periodista

En poco más de un mes, los mexicanos seremos convocados a participar en unas elecciones inéditas. El 1 de junio de 2025 se renovará prácticamente la totalidad del Poder Judicial, por lo cual, quienes contamos con credencial de elector, podremos participar en la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.

No hace falta recurrir a las profecías para saber de antemano cuáles serán los saldos de la elección. Será —todos los antecedentes, los promotores, los candidatos, los procesos, las leyes, los reglamentos, los presupuestos y hasta el enojo y el desinterés por parte de la ciudadanía así lo indican— una elección con muy baja participación, ignorada por grandes sectores de la sociedad, sin reglas claras, sin información, sin debates, sin que los electores conozcamos a los candidatos, sin un órgano electoral imparcial, con un Tribunal Electoral a modo y doblado ente el poder, sin el presupuesto necesario para instalar todas las casillas, sin participación ciudadana (lo cual implica que, por primera vez en los tiempos modernos, no serán los ciudadanos, sino el gobierno, el que cuente los votos), y ahora, encima de todo, como lo han reconocido los propios políticos del partido oficial, con algunos candidatos coludidos con el narcotráfico. 

Ojalá estos fueran los únicos “peros” en esta elección, pero no lo son. La lista es muy larga. Se trata de unos comicios hechos exprofeso para fracasar, en los cuales ganará quien el gobierno quiera que gane.

Toda reforma constitucional debe nacer del consenso popular. Sobre la idea de que el país puede y necesita mejorar en un aspecto particular que la Constitución establece, los actores políticos dialogan, negocian y, finalmente, actúan. Se trata de un largo proceso que incluye la iniciativa de reforma (iniciada por el presidente, por los diputados o senadores del Congreso de la Unión o por las legislaturas estatales), la aprobación por el Congreso de la Unión (con aprobación por mayoría calificada), la aprobación por las legislaturas estatales (al menos 17 de los 32 congresos locales), la declaración del Congreso y su publicación en el Diario Oficial.

Pero la reforma judicial, que implica la elección más importante de los últimos tiempos, pero, también, irónica y dolorosamente, la peor organizada, no siguió, ni de lejos, estos largos pasos.

El expresidente López Obrador lanzó la idea de reforma como una simple ocurrencia, a sabiendas de que nadie dentro de su gobierno se atrevía a llevarle la contra. La aprobación siguió el mismo camino que el resto de sus iniciativas de ley y reformas: que nadie, ni un legislador ni un congreso estatal, mucho menos el Congreso de la Unión, se atreviera a moverle ni una coma. Si los grandes cambios en un país requieren, por fuerza, escuchar a los especialistas (el famoso “parlamento abierto”), este no fue el caso. Las leyes propuestas por el mandatario (y la reforma del Poder Judicial fue la muestra) se aprobaron en cuestión de horas sin otro trámite que el voto en bloque y a favor. Si los números no cuadraban, el oficialismo, lejos de pensar en negociar y dialogar, optó por el camino gansteril: extorsionar, amenazar o comprar legisladores de oposición.

Una reforma sin objetivos reales, carente de propósitos positivos, que nació tan desaseada, y que lo único —objetivamente hablando— que buscó fue destruir a un Poder Judicial que se interpuso entre el expresidente y el poder total, no podría terminar de otro modo.

El que hoy se reconozca públicamente que, entre los candidatos a jueces, magistrados y ministros, existen personas relacionadas de algún modo con el crimen organizado, no debe sorprender a nadie. Después de todo, los candidatos fueron seleccionados por tómbola.